Las penas accesorias son aquellas sanciones adicionales que el juez puede imponer junto con la pena principal limitando derechos específicos del condenado cuando lo exija la gravedad del delito. Se aplican para reforzar la condena y, sobre todo, para evitar que la persona condenada vuelva a delinquir o para proteger a las víctimas.
El Código Penal regula de forma precisa en qué consisten, cuándo y cómo pueden imponerse y qué reglas hay que tener en cuenta en su aplicación.
La pena de multa es una sanción económica que se aplica a ciertos delitos. Puede ser impuesta como una pena principal o accesoria, siempre procurando adecuar la sanción a las circunstancias individuales de cada persona condenada.
A continuación vamos a ver en qué consisten los distintos sistemas de fijación de la pena de multa, cómo se calculan y qué ocurre si el condenado no puede pagar.
Cuando una persona está encargada del depósito o custodia de bienes ajenos y, llegado el momento de su reclamación, se niega a devolverlos teniendo obligación de hacerlo, puede estar incurriendo en un delito de apropiación indebida.
El delito de apropiación indebida parte, por tanto, de una situación de posesión legítima de un bien que después se apropia el culpable ilegítimamente.
A continuación vamos a ver en qué consiste, cuáles son los requisitos para su comisión y qué pena corresponde al delito de apropiación indebida.
El delito de tráfico de drogas se comete cuando se realizan fundamentalmente actos de cultivo, elaboración o tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o cuando se promueve o favorece su consumo. Sin embargo, se trata de un tipo penal abierto que precisa de concreción posterior para delimitar adecuadamente la conducta punible.
A continuación vamos a analizar qué se entiende exactamente por cultivo, elaboración o tráfico de drogas, y, en consecuencia, cuándo se comete un delito.
El delito de tráfico de drogas abarca un amplio espectro de conductas destinado a perseguir todos los actos que tengan por finalidad favorecer el consumo de drogas tóxicas y sustancias estupefacientes. Pero en su afán de contener todos los tipos penales posibles, acaba siendo excesivamente ambiguo y abierto, siendo necesario acudir a otras normas para concretar el delito.
La tenencia de estas sustancias para consumo propio es una de las conductas más difíciles de delimitar, ya que, según la cantidad o los fines de dicha tenencia, se puede estar o no ante un delito de tráfico de drogas, como vamos a ver a continuación.
Bajo el delito de tráfico de drogas se castigan una gran variedad de conductas que tratan de abarcar todos los aspectos relacionados con el cultivo de drogas, su elaboración y el tráfico posterior, con excepción del autoconsumo dentro de determinados límites.
Se trata de un tipo penal muy abierto que presenta numerosas variantes, y en consecuencia las penas previstas en el Código Penal también son muy diferentes según las circunstancias que concurran en cada caso, como vamos a ver a continuación.
¿Es delito conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol o las drogas? En este post explico cuándo existe delito de alcoholemia según el Código Penal español y con qué penas se castiga.
La regulación del delito de tráfico de drogas en el Código Penal abarca todo tipo de conductas delictivas destinadas a cubrir todo el espectro de la producción y mercadeo de drogas tóxicas.
Sin embargo, su amplitud tiene como inconveniente la imprecisión en su definición, dejando casi en manos de los jueces la labor de concretar cuándo se está ante un delito y cuándo no.
Veamos qué es el tráfico de drogas y cómo se regula.
En el marco del derecho penal contemporáneo, organizaciones como empresas, fundaciones o asociaciones ya no son ajenas a las consecuencias jurídicas derivadas de la comisión de delitos. Aunque tradicionalmente la sanción penal recaía exclusivamente sobre las personas físicas, el ordenamiento jurídico español incorporó en 2010 un cambio significativo: el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Este cambio legislativo vino a dar respuesta a una realidad social y económica compleja, en la que las estructuras corporativas pueden ser utilizadas para encubrir o facilitar conductas delictivas. Por ello, la ley establece que las entidades pueden ser objeto de reproche penal cuando determinados sujetos actúan en su seno cometiendo hechos tipificados como delito.
Ahora bien, ¿en qué condiciones puede exigirse esta responsabilidad? ¿Y cuándo es posible evitarla o atenuarla? En este artículo se abordan los aspectos esenciales para entender cuándo una persona jurídica puede ser penalmente responsable, cuáles son los requisitos que exige la ley y en qué supuestos se puede eximir o reducir dicha responsabilidad.
En el ámbito del proceso penal, donde la duración del procedimiento puede prolongarse en el tiempo, el ordenamiento jurídico habilita una serie de mecanismos temporales y preventivos conocidos como medidas cautelares.
Como vamos a ver en este artículo, estas medidas tienen distintas finalidades: salvaguardar la eficacia del proceso, garantizar que una futura sentencia no se vea privada de efectos prácticos y proteger a la víctima u otras personas cuando sea necesario.
