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Aquellas conductas que atentan de forma más grave contra los derechos de los trabajadores constituyen distintos delitos tipificados en el Código Penal.

La norma penal, tanto en estos delitos como en todos los demás casos, se reserva para las actuaciones más graves que se pueden llevar a cabo en la sociedad, siendo por ello que otros ataques de menor calado a los derechos laborales se sancionan por la vía administrativa.

A continuación explico aquellos comportamientos que infringen los derechos laborales y que se consideran delictivos.

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El Código Penal recoge una serie de circunstancias que modifican la responsabilidad penal, tanto para aumentar la pena como para disminuirla. Son eventos que pueden concurrir en la comisión de los delitos y que se entienden que hace que los hechos sean especialmente graves o, por el contrario, menos importantes, aun siendo merecedores de reproche penal.

A continuación explico, dentro de esas circunstancias, aquellas que agravan la pena.

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La comisión de un delito conlleva una serie de consecuencias jurídicas, pero estas no son indefinidas en el tiempo, porque los delitos están sometidos a unos plazos de prescripción en la gran mayoría de los casos.

En este artículo vemos qué quiere decir que un delito prescriba, cuáles son los plazos de prescripción y otros aspectos a tener en cuenta en relación a este tema.

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En 2015 se produjo una despenalización general de las faltas contempladas en el Código Penal, que pasaron a ser conductas sancionables por la vía administrativa o civil. No obstante, se mantuvieron como delitos leves algunas que suponen comportamientos especialmente reprochables, aunque no sean graves.

Este es el caso del delito leve de vejaciones injustas, un delito especial que solo se comete cuando la víctima reúne determinadas características.

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La comisión de un delito da lugar a la imposición de una pena, como forma de satisfacción de la responsabilidad penal, y puede dar lugar también a la obligación de satisfacer la responsabilidad civil derivada del delito mediante la restitución del bien perjudicado, la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios causados a la víctima.

Pero ¿qué ocurre si el condenado no puede pagar el importe de la indemnización fijada en concepto de responsabilidad civil? En este artículo vamos a ver cuáles son los mecanismos que articula la ley para hacer frente a esa situación.

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